24/09/2025
¿A quién le afecta que una empresa en Atltzayanca, dedicada al tratamiento y uso de madera reciclada, haga negocios con material debidamente acreditado y legal? Quizá si alguien conoce esta respuesta se pueda conocer al dedo que señaló y encarceló injustamente a siete personas sin que haya claridad de caso.
Esto sucedió hace unas horas tras un “operativo” contra presunta tala ilegal en la “Planta Tratadora de Madera Reciclada Maderas del Caribe”, ubicado en el municipio de Atltzayanca, lo que ha desatado una ola de protestas por parte de trabajadores y allegados, quienes lo califican de “teatro montado” y “venganza personal”.
Por esta razón personas permanecen detenidas en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), sin que se haya autorizado su libertad provisional, pese a que, según denunciantes, no se encontró evidencia de irregularidades en el sitio.
El cateo se realizó este lunes 23 de septiembre alrededor de las 17:30 horas, en la carretera Atltzayanca -Mesa Redonda, a la altura de la comunidad de San José Buena Vista.
El operativo fue encabezado por la Fiscalía, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET), esta última instancia una muy recurrente en este tipo de prácticas contra quienes no se someten a su voluntad.
Las autoridades actuaron bajo una orden judicial por presuntas irregularidades relacionadas con tala ilegal, aunque hasta el momento no se han reportado detalles oficiales sobre material asegurado o hallazgos específicos. Eso sí, hay boletín para evitar que después se haga un escándalo por las irregularidades.
Medios locales informaron del resguardo perimetral del inmueble, pero indicaron que se esperan más datos en las próximas horas y esto sucede porque la información es escueta y ahora sabemos por qué. No hay elementos suficientes, así de fácil.
Sin embargo, un audio difundido este martes por un allegado al caso –quien se identificó como testigo presencial y amigo de los afectados– pinta un panorama de abuso de autoridad y motivaciones ocultas. “Esto es una plena injusticia”, afirma el denunciante
En el mensaje dirigido a este medio, hace un “llamado a las autoridades, a la señora gobernadora [Lorena Cuéllar Cisneros] y a la presidenta de la República [Claudia Sheinbaum]”.
Describe cómo, tras el cateo inicial, arribaron entre 10 y 14 grúas en la tarde del martes para remolcar vehículos y maquinaria del sitio, sin que medie una acusación formal relacionada con los bienes.
“Quieren llevarse algo que no está en lo que se les acusa”, denuncia, alegando que se trata de un “asunto personal” orquestado por una persona interesada en “verlos abajo”.
El testigo resalta el trato vejatorio a los trabajadores: “Llegando encañonando a la gente, cortando cartuchos y todo, tratando a los trabajadores como delincuentes”.
Afirma que ni siquiera a “delincuentes” se les maneja así, y que los siete detenidos –incluidos empleados de la empresa– no presentan cargos sustentados. “No se encuentra nada de lo que se les acusa aquí en la planta”, insiste.
Además, señala irregularidades en el procedimiento: el inmueble carece de sellos de clausura y permanece abierto, custodiado solo por una patrulla de la Guardia Nacional.
“Todo esto se ve muy turbio”, concluye el audio, prometiendo enviar “fotogramas” como prueba.
Este incidente ocurre en un contexto de creciente vigilancia contra la tala ilegal en Tlaxcala, donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha asegurado 462 mil 969 metros cúbicos de madera en lo que va del año, derivado de 30 denuncias presentadas ante la Fiscalía. ¿Cuántas de estas habrían sido en iguales condiciones?
Autoridades estatales han intensificado operativos forestales, pero casos como este generan cuestionamientos sobre la proporcionalidad y posibles sesgos. Muchos han sido los llamados hechos por redes sociales que, ante la desconfianza en las autoridades, se han convertido en espacios idóneos para la difusión de estos atropellos.
La empresa Maderas del Caribe, dedicada a la venta de madera recuperable y pisos sólidos, opera desde hace años en la región y cuenta con presencia en redes sociales, donde no había emitido pronunciamiento oficial hasta el cierre de esta edición. El miedo a la revancha puede ser el motivo.
Hasta ahora, ni la Fiscalía ni alguna otra autoridad han respondido públicamente a la denuncia. Fuentes cercanas al caso esperan que la revisión de pruebas en la FGJE aclare si se trata de un golpe efectivo contra la deforestación o, como alegan los afectados, de una persecución injustificada que pone en riesgo el sustento de familias locales. Este medio contactará a las autoridades para obtener su versión.
https://martinrodriguezhernandez.com/maderas-del-caribe-revancha-politica/
