Marhlen Tapia Llanos

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12/08/2022

CHINA MERECE LA SOLIDARIDAD MUNDIAL

Por: Aquiles Córdova Morán

Los días 2 y 3 de agosto, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., la diputada demócrata por California, Nancy Pelosi, realizó una visita a Taiwán, la isla que, desde siempre, China ha considerado parte integrante e inalienable de su territorio. Pelosi se reunió con la dirigente de la localidad de Taiwán, Tsai Ing-Wen, abierta enemiga del régimen social de China y partidaria de la independencia de la isla.

En el documento que en 1979 sancionó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, EE. UU. reconoció expresamente el derecho soberano de China sobre la isla de Taiwán y se comprometió a respetar el principio de “una sola China”. Este compromiso implicó respaldar el derecho de China a ocupar el asiento en la ONU que venía detentando Taiwán; no dar a la isla el trato de país independiente, que implica a su vez no establecer relaciones diplomáticas con su gobierno; ninguna relación política de alto nivel en general; no entregar a la isla armamento que pueda usar para atacar a China continental; no alentar a las fuerzas separatistas dentro de Taiwán y favorecer la reunificación pacífica de las dos partes. En tres declaraciones conjuntas posteriores, Estados Unidos ratificó otras tantas veces este compromiso.

La visita de Pelosi, la tercera persona con mayor poder y representatividad en la jerarquía gobernante según los medios, viola evidentemente todos los compromisos derivados del principio de “una sola China”. No solo atropella la soberanía del gran país asiático, sino que incluso pone en riesgo su seguridad nacional, puesto que la diputada Pelosi, en una actitud arrogante y provocadora, se reunió con la dirigente de la localidad de Taiwán, Tsai Ing-Wen, en la oficina de ésta última y ahí declaró que “mi delegación vino a enviar un «mensaje inequívoco» de que «Estados Unidos está con Taiwán. Queremos que Taiwán tenga siempre libertad con seguridad y no nos apartaremos de eso»”. (CNN, 3 de agosto). Aquí hay un claro desafío al pueblo y Gobierno chinos y una acusación implícita de ser una dictadura que no garantiza libertad con seguridad a sus ciudadanos. ¿Por qué o para qué? sería la pregunta.

Antes de la “visita”, China hizo todos los esfuerzos a su alcance para hacer entrar en razón al Gobierno de Biden y a la propia Pelosi para convencerlos de que desistieran de semejante violación a sus compromisos previamente adquiridos, cosa que pondría en riesgo sus relaciones mutuas y la estabilidad de toda la región de Asia Oriental. Se puso en acción la cancillería china y su jefe, el ministro de Exteriores Wang Yi; los voceros de la cancillería del Gobierno; los medios reconocidos como representantes autorizados de los puntos de vista del Gobierno y del gobernante Partido Comunista Chino y el mismo presidente Xi Jinping, quien, en entrevista virtual con el presidente Joe Biden, le dijo que quien juega con fuego acaba quemándose con él. Finalmente, hubo advertencias claras de que, en caso de que ocurriera el atropello, el Ejército Popular de Liberación (EPL) no se quedaría de brazos cruzados. Todo en vano.

El Gobierno norteamericano dio una respuesta para ingenuos o tontos de remate: EE. UU. mantiene su compromiso con la política de una sola China, pero rechaza una reunificación por la fuerza y, además, la diputada Pelosi toma sus propias decisiones. No entiendo a qué viene eso de rechazar la unificación por la fuerza, puesto que no veo que el Ejército chino esté en pie de guerra y listo para la reconquista de Taiwán a sangre y fuego. Tampoco se nos aclara si la autonomía de la señora Pelosi la faculta para desencadenar una tercera guerra mundial sin necesitar la autorización de nadie. Lo cierto, a mi juicio, es que todo obedeció a una estrategia de Estado planeada, autorizada y ejecutada por los altos mandos civiles y militares del país. La señora Pelosi es solo el instrumento visible de esa maniobra, que buscaba poner a China ante esta disyuntiva de hierro: o iniciar una guerra en defensa de su soberanía y su unidad territorial o tragarse la humillación que le infligiría el viaje de Pelosi. Y para hacer más patente la disyuntiva, la diputada Pelosi llegó a Taiwán escoltada de cazas, bombarderos, buques de guerra y un portaaviones. Así la humillación sería monumental si China rehuía el combate, como finalmente ocurrió.

Para hacernos una idea de la verdadera naturaleza del problema, repasemos brevemente algunos antecedentes. Como sabemos, el régimen actual de Taiwán tuvo su origen en 1949, a raíz de la derrota del ejército nacionalista del Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek y patrocinado por EE. UU., a manos de los comunistas de Mao Zedong. Habiendo perdido ya todo el territorio continental, Chiang Kai-shek, junto con los restos de su ejército y los miembros civiles del Kuomintang, se refugió en la isla de Taiwán e inició la construcción de la nueva sociedad siempre guiado por el odio irreconciliable hacia la revolución china y su líder, Mao Zedong. En un primer momento, el presidente norteamericano, Harry S. Truman, ofreció no intervenir si Mao retomaba la isla, con lo cual reconoció, de paso, que Taiwán era propiedad legítima de China. Las dificultades de la situación impidieron la acción inmediata.

Pero la opinión de Truman evolucionó rápidamente en sentido opuesto, impulsada precisamente por el triunfo de la revolución comunista en China. En la primavera de 1950, el Departamento de Estado formuló el importante documento conocido como NSC-68, en el cual trazó una estrategia totalmente nueva con el propósito de contener el avance del comunismo en el lejano oriente y en todo el mundo subdesarrollado. La nueva estrategia, que fue aprobada y puesta en ejecución por el Consejo Nacional de Seguridad en junio de ese mismo año, se basaba en la “teoría del dominó”, según la cual, la derrota de las instituciones libres en cualquier parte, debía considerarse como una derrota de la democracia en todas partes, por lo que era indispensable derrotar al comunismo donde quiera que asomara la cabeza. El NSC-68 era la extensión y oficialización de la llamada doctrina Truman, formulada por primera vez en 1947 con motivo de la lucha en Grecia contra las guerrillas comunistas. En esencia, la nueva estrategia significaba convertir a EE. UU. en el policía del mundo.

El NSC-68 definía a la Unión Soviética como el enemigo principal y a China como un trampolín para la penetración comunista en el sudeste asiático; decía que cualquier cambio en el equilibrio militar mundial podía representar un peligro para EE. UU. y, en consecuencia, revaluaba la importancia de Taiwán en la política de contención del comunismo. A finales de mayo de 1950, la Casa Blanca decidió acelerar el envío de armamento a los nacionalistas e intensificó las operaciones encubiertas en China y en Taiwán. Esto significaba que Truman había decidido reanudar su intervención en la guerra civil china, y nuevamente en favor de los nacionalistas.

El 25 de junio de 1950 estalló la guerra de Corea. Los norteamericanos, temerosos del involucramiento de la URSS y de China en apoyo a los comunistas, se lanzaron de cabeza en el conflicto coreano. Truman incluyó a Corea del Sur en su “Perímetro Defensivo del Pacífico” y el mismo 25 de junio envió fuerzas navales y aéreas en apoyo a los surcoreanos. Cinco días más tarde, el 30 de junio, decidió enviar tropas de combate. Este hecho marcó el inicio formal de la cruzada anticomunista en el Tercer Mundo echando mano del poderío militar de EE. UU.

Ante el empuje combinado de tropas de la ONU y norteamericanas bajo el mando del general MacArthur los comunistas se retiraron al otro lado del paralelo 38, el límite entre las dos Coreas; Truman ordenó perseguir a los que huían en su propio territorio, es decir, ordenó la invasión de Corea del Norte, aplastar a los comunistas y reunificar la península bajo el gobierno de Seúl. Los chinos, que no querían una Corea hostil que amenazara a Manchuria, advirtieron a los invasores que, de llegar a sus fronteras entrarían en la guerra, pero no logró detenerlos. El 25 de noviembre de 1950, las fuerzas de la ONU llegaron al río Yalu, frontera entre China y Corea, y el ejército chino contraatacó. Las fuerzas de la ONU tuvieron que replegarse más allá del paralelo 38. MacArthur propuso responder bombardeando Manchuria y bloqueando la costa de China continental con las tropas de Chiang Kai-shek. Truman no aprobó el plan, pero quedó definitivamente convencido de que Taiwán era clave para la defensa del "mundo libre" y lo incorporó como un eslabón esencial en la línea defensiva norteamericana en el Pacífico oriental.

Desde esa fecha han tenido lugar varios conflictos, unos mayores y otros menores, entre China y EE. UU. por el control de Taiwán, conflictos que han servido de pretexto a los norteamericanos para incrementar la ayuda económica, tecnológica y militar a Taiwán, preparando así, paso a paso, el momento de su independencia definitiva para incorporarlo como un miembro de sus alianzas militares en la región. Por encima del compromiso formal con el principio de una sola China, en los hechos ha prevalecido la “ambigüedad diplomática”, una política que merece más el nombre de hipocresía y mentira, que consiste en reiterar de palabra lo de una sola China y, en la práctica, seguir armando y alentando el separatismo de los nacionalistas taiwaneses.

Los norteamericanos le temen a una China cuyo gobierno se declara firmemente socialista y cuya economía ha alcanzado niveles de crecimiento y desarrollo inesperados para Occidente en un tiempo récord, pujanza económica que le ha permitido extender sus contactos comerciales y financieros con Europa y con todo el mundo subdesarrollado ofreciendo a todos condiciones realmente benignas y realmente ventajosas para ambas partes tratantes, sin condicionamientos ideológicos ni exigencias de vasallaje político. Y es obvio que lo que China gana en este terreno, lo pierde EE.UU. De ahí que la guerra fría y la estrategia trazada en NSC-68, sigan siendo las pautas de su política frente a Rusia y China. En esta visión estratégica, la importancia de Taiwán crece, y se vuelve urgente su independencia para servir de base a un futuro ataque a China.

Ni los rusos ni los chinos buscan el dominio del mundo para explotar sus riquezas naturales, sus mercados y su mano de obra barata. Ambos países quieren un mundo con un reparto mejor del crecimiento y del desarrollo económico, con fortalecimiento relativo de todas las economías, de todos los mercados internos, para poder establecer con ellos un intercambio vigoroso y provechoso para todos. Para eso, China no necesita la guerra sino la paz; la seguridad compartida en la que nadie tenga derecho a asegurar su propia tranquilidad a costa de la de otro o de otros. China busca sinceramente la cooperación con Estados Unidos, segura de que es posible un acuerdo mutuamente beneficioso para ambos. Pero precisamente es este desarrollo pacífico que China propone lo que Norteamérica ve como la peor amenaza para su hegemonía mundial, y busca contenerlo y desbaratarlo a cualquier costo, incluida la guerra. Sabe que la paz es alimento nutritivo para China, pero veneno mortal para sus monopolios industriales, financieros, y su complejo militar industrial. De ahí la incompatibilidad inmanente entre ambos puntos de vista.

El verdadero reto de EE. UU. es obligar a China a una confrontación bélica, como hizo con Rusia en Ucrania, y para eso está buscando desesperadamente el pretexto ideal, objetivo compartido por Europa y seguido pasivamente por el resto del mundo, amedrentado por su poderío económico y militar. Y por eso y para eso están jugando la carta de Taiwán. La visita de Pelosi y sus imprudentes declaraciones no son otra cosa que una burda provocación en tal sentido. Por eso fracasaron todas las tentativas de hacerla entrar en razón.

Los medios atlantistas, la presidenta de la Comisión Europea, los países del G-7, la Unión Europea y la OTAN, han desatado una campaña de infamias y de descarada tergiversación de los hechos, para culpar a China de poner en riesgo la paz de la región por sus medidas reactivas contra los separatistas de Taiwán; pero no dicen una palabra sobre la arrogante, imprudente y desafiante conducta de la señora Pelosi. Según ellos, China solo tiene derecho a recibir el golpe y a poner la otra mejilla; ellos, en cambio, el de golpear, sancionar, armar a Ucrania y a Taiwán, gastarse el tesoro “congelado” de sus víctimas para seguir financiando una cruzada descabellada por la conquista definitiva del planeta para su exclusivo provecho.

Pero China tiene razón, tanto en su estrategia mundial como en la defensa de su soberanía. El abusón, agresivo, irresponsable y guerrerista es el imperialismo yanqui, y los pueblos del mundo harían bien en entenderlo así y brindarle todo su apoyo y solidaridad incondicional al pueblo y al gobierno revolucionario de China.

05/05/2022

¿QUÉ BUSCA LA REFORMA EDUCATIVA?

Por: Aquiles Córdova Morán

No hay coincidencia entre los estudiosos de las revoluciones que en el mundo han sido sobre la cuestión de qué es una revolución y cómo puede definirse con cierto rigor científico. Esto ocurre en todas las ciencias sociales, debido a que los investigadores no están exentos de simpatía o antipatía por una u otra respuesta al problema planteado. Esto da lugar a muchas discusiones, casi siempre insolubles, entre los cultivadores de tal o cual disciplina social.

Así, aunque es verdad que no hay una explicación y una definición únicas de revolución y, por lo mismo, siempre podrá discutirse acerca del carácter de un movimiento social determinado, hay casos en que resulta indispensable correr el riesgo de equivocarse, o de ser tomado por dogmático sin remedio cuando la vida nos urge a emitir una opinión sobre ciertas decisiones, modificaciones y transformaciones sociales radicales tomadas por un gobierno o un movimiento político que actúan y hacen derivar su autoridad y legitimidad de su autoproclamado carácter de líderes de una revolución social. Ante una encrucijada semejante, se vuelve indispensable responder a la pregunta si realmente se trata de una revolución o no, y de si es legítimo su derecho a poner a la sociedad entera patas arriba.

Con las salvedades anteriores, doy a continuación mi definición de revolución obligado por el interés de pronunciarme sobre los cambios que el presidente López Obrador y su equipo vienen introduciendo en la vida nacional desde que se inició su periodo de gobierno, en especial, su última ocurrencia de modificar la educación básica del país para ponerla a tono con la ideología y los intereses “revolucionarios” de la 4T. Aclaro que mi opinión se basa en el concepto materialista de revolución. Según esta concepción del mundo, un movimiento social es una revolución verdadera cuando tiene como meta esencial cambiar de raíz la estructura económica de la sociedad, es decir, la forma en que se halla organizada para producir los bienes materiales y los servicios que necesita para vivir, la forma en que se reparten o distribuyen esos bienes entre sus miembros y la forma en que la riqueza resultante se divide entre las distintas clases sociales. Según Ernest Mandel, toda verdadera revolución es, en última instancia, la lucha por la plusvalía.

Para que esta meta esencial se pueda cumplir cabalmente, es indispensable conquistar, primero, el poder político del Estado, sin importar para nada la forma que revista dicho Estado, puesto que la revolución no lo busca para servirse de él, sino para demolerlo y construir en su lugar uno nuevo cuya forma se adapte al nuevo modelo de sociedad que se propone construir. El verdadero carácter de cualquier Estado no está en su forma; cualquiera de ellas (monarquía absoluta, monarquía constitucional, dictadura civil o militar, democracia parlamentaria, democracia presidencial, etc.) puede adaptarse, y de hecho se adapta siempre a los intereses económicos del sistema dominante, y, precisamente por eso, una verdadera revolución no puede, sencillamente, ponerlo a su servicio, sino que tiene que demolerlo para edificar otro en su lugar, otro que responda a sus propias necesidades. Esta es la razón de por qué toda revolución, aún la menos consciente de su misión histórica, aparece siempre como una lucha por el poder político, lo que ha hecho decir a muchos teóricos (confundiendo los fines con los medios) que todas las revoluciones son siempre políticas y no económicas. Así pues, todo movimiento social solo es una verdadera revolución si tiene claros, desde el primer momento, el objetivo final que persigue y los pasos previos que tiene que cumplir para alcanzarlo.

La precisión lógica y la claridad meridiana sobre estas cuestiones resultan indispensables para que los revolucionarios puedan localizar las fuerzas sociales que se identifiquen con su programa de lucha, lo entiendan, lo hagan suyo y se dispongan a llevarlo a la práctica. Los organizadores de una revolución necesitan manejar, en el periodo de preparación, un discurso claro, bien estructurado y lleno de irresistible realismo para lograr convencer y seducir a las fuerzas sociales inconformes con el viejo estado de cosas, organizarlas y prepararlas para el “asalto al cielo”, como dijo Marx de los obreros de la Comuna de París. De aquí que la tercera y más visible característica de una revolución sea el cambio de clase social en el poder. No un simple cambio de partido o de figura gobernante, sino una clase social nueva. Sin este cambio de clase en el poder, los propósitos de la revolución quedarán reducidos, sin remedio, a puras buenas intenciones.

Solo una revolución de este tipo tiene el legítimo derecho, e incluso la obligación ineludible de revolucionarlo todo, de cambiar de pies a cabeza la vieja sociedad sin dejar piedra sobre piedra. De ese modo abrirá espacio a la nueva estructura económica y al nuevo Estado al servicio de la nueva clase en el poder junto con sus clases aliadas. Y solo el apoyo y la fuerza de estas nuevas clases en el poder pueden ser fuente legítima de derecho para destruir todo lo viejo y caduco y erigir una sociedad radicalmente nueva. Cuando no hay verdadera revolución, sus dirigentes no representan a ninguna clase social y, por tanto, tampoco sus intereses legítimos; no tienen claro qué hacer con el viejo Estado ni con la vieja sociedad, ni saben qué es lo que quieren construir en su lugar. Se constriñen, por eso, a dar palos de ciego a diestra y siniestra, dañando lo que deberían defender y defendiendo lo que deberían destruir. En lugar de una nueva sociedad, acaban construyendo un centón o un traje viejo lleno de parches, que dan más la imagen de una nación arruinada e indigente que la de una en marcha hacia un futuro de prosperidad y de grandeza.

Por todo lo visto y oído en los tres años y medio de gobierno morenista y a la luz del concepto materialista de revolución, resulta imposible considerar su movimiento como una revolución auténtica. No gobierna una nueva clase social, sino una mezcla confusa y heterogénea de comunistas, ex comunistas, socialdemócratas, izquierdistas teñidos de progresismo, tránsfugas y trepadores profesionales de los viejos partidos que perdieron el poder y uno que otro ricacho que aprovecha el poder de Morena para proteger y acrecentar sus negocios. Tampoco vemos una política clara y sistemática respecto al viejo Estado “neoliberal”, ni ningún proyecto digno de este nombre para levantar una economía más fuerte y equitativa, sobre todo para las clases de menores ingresos. Podemos afirmar por eso que la 4T se halla a varios años luz de una revolución verdadera. De esto se deduce que los cambios y modificaciones que han introducido en la vida de los mexicanos, muchos de los cuales han resultado tremendamente dañinos, son absolutamente arbitrarios y sin la mínima legitimidad popular. Obedecen solo al carácter autocrático e impositivo del presidente López Obrador, al que todos sus seguidores obedecen más por miedo o conveniencia que por respeto y convicción.

En este marco se inscribe la actual reforma educativa. Aprovecha la verdad indiscutible de que toda verdadera revolución no puede permitir que el sistema educativo permanezca en manos de sus opositores; no puede permitir que las nuevas generaciones sean educadas como enemigas suyas. Eso sería tan ingenuo y peligroso como ponerse en manos del ejército o del Estado del régimen derrocado, tal como hizo Madero con los resultados que todos conocemos. Justamente por eso, no hay Gobierno ni país en el mundo con un sistema educativo que forme y eduque a sus enemigos; todos buscan producir cuadros capacitados para servirle con eficacia y lealtad. Para lograrlo, el Estado y la clase dominante crean un modelo educativo a la medida de sus intereses y necesidades, lo que implica que conocen perfectamente el modelo económico en el que viven y prosperan.

La SEP de Delfina Gómez busca imponer un modelo educativo que forme a las nuevas generaciones con un “criterio revolucionario”, es decir, directamente opuesto a lo que el sistema de economía de mercado necesita en materia de trabajadores calificados, cuadros técnicos y científicos, investigadores, creadores, artistas, etc., para crecer y desarrollarse. La 4T quiere formar los cuadros para la sociedad futura, y esto plantea de inmediato la pregunta obvia: ¿de qué sociedad futura se trata? ¿Saben qué quieren hacer de las y los jóvenes de hoy y para qué? ¿Tienen claro cuál debe ser el contenido de su reforma educativa para lograr sus propósitos “revolucionarios”? Hasta ahora nadie conoce ese contenido, ni el papel que jugarán las seis “fases”, ni cómo se empatarán con los grados escolares vigentes. Tampoco dicen una palabra sobre los recursos materiales y humanos (maestros) necesarios y adecuados para ejecutar la reforma educativa “revolucionaria” de Marx Arriaga.

No obstante, lo verdaderamente grave es que los autores de la reforma olvidan que, como acabamos de decir, la educación sirve siempre al sistema dominante, y que es locura crear un modelo educativo opuesto frontalmente a dicho sistema sin antes haberlo destruido, o al menos derrotado definitivamente. La educación y el modo de producción vigente no pueden estar desvinculados entre sí, y menos ser antagónicos, porque la educación existe para crear los cuadros que el segundo necesita, y este es el que proporciona el mayor número de empleos a los egresados de las instituciones educativas. La gente estudia para tener un empleo seguro y bien remunerado. Por tanto, si el modelo educativo forma enemigos de las empresas, estas se negarán a darles trabajo con toda razón, y entonces tendremos, de un lado, un ejército de desempleados con título, y de otro, una economía paralizada por falta de mano de obra especializada.

Si volteamos la vista hacia las revoluciones verdaderas, las que sí saben a dónde van y cómo llegar (la Revolución de Octubre, la china, la cubana, etc.), veremos que todas ellas derribaron primero el viejo modelo económico y luego revolucionaron el sistema educativo. Pero la 4T quiere hacerlo al revés: primero cambiar el modelo educativo y después averiguar para qué serán buenos los nuevos profesionales. De todo este sinsentido solo pueden surgir nuevos problemas económicos y más pobreza para el país. Un regalo más de la 4T a los pobres de México, como ocurre siempre que alguien se mete a construir un rascacielos sin ser siquiera un alarife de medio pelo.

27/04/2022

¿MORENA QUIERE UNA GUERRA CIVIL?

Por: Aquiles Córdova Morán

Aunque no creo que haga falta, aclaro que no soy abogado ni menos constitucionalista, pero como cualquier ciudadano medianamente informado, leo nuestra Constitución y creo entender algunos de los derechos y garantías fundamentales que la Ley de Leyes tutela como indispensables para la paz y la convivencia civilizada de todas y todos los mexicanos.

Sé, por eso, que lecciones de nuestra historia como el as*****to del senador Belisario Domínguez, a quien el dictador Victoriano Huerta ordenó cortarle previamente la lengua antes de sacrificarlo, inspiraron garantías como la inmunidad personal, el derecho a manifestar de modo libérrimo sus opiniones y a proceder en consecuencia, sin ser reconvenidos ni perseguidos por ello, los miembros del H. Congreso de la Unión. Se trata de que los parlamentarios puedan ejercer, sin miedo a represalias de ninguna clase, las responsabilidades inherentes a la honrosa representación que el voto popular les confirió precisamente para eso.

De ello se sigue que quien viole o limite esos derechos y garantías de los diputados, viola por ello la Constitución y comete un delito grave que debe ser sancionado sin falta. Naturalmente que la inmunidad parlamentaria no equivale a impunidad ni puede servir como patente de corso para cometer delitos, ya del orden común o ya del orden federal. La propia ley establece el procedimiento para castigar el abuso de la inmunidad parlamentaria: juicio político con vistas al desafuero del infractor para ponerlo a disposición de la autoridad judicial, única facultada para decidir si el acusado es culpable o inocente.

Como es del dominio público, la Cámara de Diputados acaba de discutir y rechazar el proyecto de reforma a la industria eléctrica del presidente López Obrador. Dicho proyecto, en esencia, proponía otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el monopolio de la producción, conducción y entrega del fluido eléctrico a los consumidores, en detrimento de los inversionistas privados del sector. No es mi propósito discutir aquí el contenido del proyecto ni pronunciarme sobre el mismo, porque entiendo que se trata de una cuestión compleja y trascendente que no debe abordarse a la ligera. Solo quiero, por ahora, subrayar el hecho de que, desde que fue dado a la publicidad, una abrumadora mayoría de especialistas y expertos en el tema eléctrico se pronunciaron en contra, exponiendo razones, cifras y argumentos que no pueden ignorarse ni refutarse solo con argumentos político-ideológicos, ya que lo que está en juego es la viabilidad económica del país.

Por iniciativa del PRI, se abrió un periodo de análisis basado en foros abiertos donde, al menos en teoría, podía participar todo el que tuviera algo que decir al respecto y quisiera hacerlo público. Desde el primer día quedó claro, según mi información, que de tales foros no saldría nada, porque jamás pudieron los participantes ponerse de acuerdo en algo, coincidir en algún punto que sirviera de base, de punto de partida para desarrollar una argumentación coherente en favor o en contra del proyecto. Eran “tecnócratas neoliberales”, según los “morenos”, contra “revolucionarios” de la 4T según ellos mismos, cuyas ideas y propósitos no tienen nada que ver entre sí. Los “tecnócratas” hablaban de mejorar el funcionamiento del modelo económico vigente; los “morenos” de eliminarlo totalmente por nocivo para el “pueblo” y poner en su lugar algo mejor, aunque nunca precisaron en qué consiste ese “algo mejor”. El hecho es que opositores y defensores del proyecto no se escuchaban entre sí; cada quien hablaba para los suyos sin prestar atención a los argumentos del contrario. Aquello era un diálogo de sordos del que, como ya dije, no podía salir, y no salió absolutamente nada útil.

Llegada la hora de las negociaciones, los partidos políticos de oposición propusieron algunas modificaciones importantes a cambio de su voto, pero los “morenos” se negaron alegando que castraban el proyecto y lo volvían inútil. La verdad es que tenían órdenes del presidente de no permitir que se le cambiara ni una coma, lo cual hizo imposible el acuerdo. Y sin cambiarle una coma, en efecto, el proyecto llegó al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación en su caso. Tal como estaba ya claramente advertido, la oposición se mantuvo firmemente unida esta vez y votó en contra, logrando así el rechazo de la reforma. Se trató de una derrota anunciada: los “morenos” sabían que sin la oposición no lograrían la mayoría calificada (dos tercios de los votos de los diputados presentes en la sesión) que se necesitaba, por tratarse de una reforma constitucional. Tenían que haber negociado por fuerza, pero el autoritarismo y la prepotencia del presidente se los impidió. En consecuencia, es el presidente, y nadie más, el responsable de la derrota.

Y sin embargo, los morenistas han optado por culpar a la oposición como si los hubiera engañado y traicionado arteramente; como si lo ocurrido en la Cámara hubiera sido una sorpresa total para ellos. Sin pensarlo mucho (o más bien nada) la han acusado, nada más y nada menos, que de “traición a la patria”, y han iniciado una campaña de hostilidad y odio en su contra, entre sus seguidores y el público que solo se informa en las “mañaneras” del Presidente, campaña que pone en riesgo la integridad física y moral de los diputados de la oposición y sus familias. Se han volcado, además, a repartir por todo el territorio nacional, y a través de las redes sociales, carteles con la fotografía de los “traidores” claramente copiados de los del viejo oeste norteamericano para capturar a delincuentes fugitivos. Solo falta el pie de foto con la famosa leyenda: “dead or alive”.

Quizá para algunos la cosa resulte chusca (algo tiene de ridícula), pero la verdad es que se trata de algo amenazador para la paz social. La traición a la patria es un delito grave que la ley castiga severamente, incluido el presidente de la República. Por tanto, si el presidente de Morena, Mario Delgado, y su secretaria general, Citlalli Hernández, tienen pruebas fehacientes de que la oposición es culpable de tal crimen, están obligados a denunciarla ante la autoridad competente e iniciar de inmediato su proceso de desafuero. De no hacerlo así, o bien se demostrará que son simples e irresponsables injuriadores profesionales, o bien se harán cómplices del delito por encubrimiento.
Pero este ataque al 50% de los integrantes de la Cámara de Diputados, libremente electos por la voluntad popular para que representen sus intereses en esa instancia, va más allá de lo puramente legal. Es un salto de calidad en la política de confrontación y de exacerbación de los odios por diferencia de opinión entre los mexicanos, atizada desde sus “mañaneras” por el presidente López Obrador. Esta campaña, como sabemos, no se limita al discurso agresivo e injurioso, sino que, casi siempre al ataque verbal, le siguen sanciones, bloqueos institucionales a todos los niveles e instrucciones para negar o suprimir derechos y beneficios sociales a las personas y agrupaciones previamente heridas e infamadas verbalmente, aunque se ponga en riesgo su vida misma.

A continuación, algunos ejemplos de lo dicho. Supresión del Seguro Popular, las guarderías para hijos de trabajadoras y los comedores comunitarios; eliminación del FONDEN y de los fideicomisos para proyectos transexenales de varias instituciones; los recortes salariales de la burocracia que ganaba más que el presidente; la ley de extinción de dominio; la ley que equipara el fraude fiscal con el crimen organizado; el absurdo e inconstitucional aumento de los delitos que ameritan prisión preventiva; la escasez de fármacos por cambios apresurados en los métodos de adquisición anteriores; la falta de insumos y de equipo de protección adecuado para el personal de salud ante la Covid-19; la negativa a adquirir y aplicar pruebas para detectar los contagios, que ha provocado ya 350 mil muertes; padres y madres de niños con cáncer acusados de conspiradores; movimiento feminista; movimiento de protesta de quienes se quedaron sin medicinas en el IMSS; movimiento de los ambientalistas contra daños ecológicos del Tren Maya; los desplazados de sus ejidos y comunidades por la violencia del crimen organizado; los médicos despedidos que fueron contratados por la emergencia de la Covid-19; los periodistas acusados y satanizados por el presidente; los investigadores acusados y perseguidos por “corrupción”; los estudiantes que defienden la democracia y la autonomía de sus instituciones, etc., etc.

Y ahora van contra los diputados (que, por cierto, no me explico qué esperan para plantear su defensa colectiva y no individual). Los diputados de oposición (al menos con el mismo grado de autenticidad que los de Morena, aunque Mario Delgado haga mofa de ellos) representan una parte muy significativa (si no es que mayoritaria ya) del pueblo mexicano. Acallarlos con acusaciones infamantes, con amenazas de cárcel o de linchamiento por los “chairos”, es acallar y amenazar al pueblo representado por ellos. Mario Delgado les lanza la ironía de que, si representan al pueblo, por qué temen que éste conozca el sentido de su voto. Por lo visto, no se ha puesto a pensar que si alguien azuzara a sus incondicionales en contra de él, se vería en muy serios aprietos si, por mala suerte, alguna vez los tuviera en frente o se encontrara de pronto en medio de ellos. ¿Querría decir eso que su representación es espuria?

La guerra contra la oposición es contra el pueblo y niega su derecho a elegir libremente a sus representantes; el derecho a disentir de toda o de parte de la política del gobierno y a oponerse a las medidas derivadas dictadas por él. Con esto, lo están reduciendo a la desesperación y a la impotencia frente al poderoso aparato del Estado, frente al Leviatán del Estado que casi nunca está al servicio de sus intereses. Y cuando esto ocurre, cuando los pueblos encuentran cerradas todas las puertas y todos los caminos legales y pacíficos para resolver sus necesidades y, por añadidura, se desconoce su derecho a la representación, la sociedad se halla, si no al borde de la guerra civil, sí en el camino que conduce a ella. ¿Es eso lo que busca Morena?

Más de una vez, aunque de manera elíptica, el presidente ha dicho que no encabeza un simple cambio de régimen sino una revolución; que su gobierno es el gobierno del pueblo y que es éste el que manda en el país. Pretende justificar así el autoritarismo represivo de su gobierno llamándolo “dictadura revolucionaria del pueblo”, algo así como la dictadura del proletariado que Marx expuso a raíz del fracaso de la Comuna de París. En esta idea se enmarcan las amenazas a los diputados: es una acción legítima que busca someter a los “enemigos del pueblo” en nombre del pueblo y para bien del pueblo.

Pero si tratamos al marxismo como lo que es, como una ciencia, según dijo Engels, resulta que no hay revolución “popular”, porque el pueblo no es una clase, sino una amalgama heterogénea de clases que se identifican por ser todas asalariadas, aunque con distintos niveles de ingresos. El pueblo homogéneo, sin divisiones de clase en su interior, es resultado y no condición previa de la verdadera revolución proletaria. Y en la 4T, por mucho que se diga y se repita, yo no miro ni obreros ni “pueblo” al frente del Estado, sino a un iluminado (Muñoz Ledo dixit) al que sus discípulos y seguidores creen (o fingen creer) a pies juntillas, y obedecen sus órdenes como autómatas carentes de voluntad, por convicción o por conveniencia. Esto no es dictadura popular ni proletaria, sino una dictadura personal, una autocracia que insiste en llevar a México a donde su “sabiduría” y su voluntad infalibles le sugieren. Si seguimos por este camino, el riesgo de una guerra civil se hará cada vez más patente y amenazante. Ojalá nos detengamos a tiempo.

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